Llamado a mediadores y mediadoras: capacitarse en violencias contra las mujeres

 Luján-D’Adam-Sabrina González Solé (*) exclusivo para Comercio y Justicia

Con la sanción de la ley nacional N° 27499 en el año 2018, también conocida como “Ley Micaela”, y su ratificación por la Provincia de Córdoba mediante la ley N° 10628, la necesidad de capacitación en perspectiva de género y violencias contra las mujeres se puso sobre la agenda pública.

Pese a que la normativa señalada tenía por destinatarias aquellas personas que se desempeñan en algunos de los poderes del Estado, la educación en perspectiva de género afloraba en la mesa de debate de la república como herramienta indispensable para combatir y erradicar los patrones socioculturales que violentan a las mujeres e identidades no heteronormativas. Así fue como diferentes instituciones públicas y privadas comenzaron a adherir a la ley mencionada, promoviendo -y en casos también exigiendo- capacitaciones sobre la temática. El deber legal devino en un deber político y, en profesiones como la nuestra, también ético.

La perspectiva de género, entendida como el análisis de la realidad sobre la base de la existencia de condiciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres, implica diferenciar los aspectos biológicos de las personas y las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa biología.

La atribución de ciertos roles a las personas se basa en estereotipos de género, que responden a meras construcciones sociales disfrazadas de naturales que reproduce desigualdad y posicionan a las mujeres en una situación de sometimiento ante los hombres. La forma de ver el mundo ha mutado y, con ello, las configuraciones y relaciones sociales. La lucha por romper con esta sumisión y poder, la defensa de los derechos de las mujeres, el respeto a la identidad de género, son cada vez más fuertes. Nos interpela a una permanente deconstrucción de pensamiento y a entender que la convivencia debe ocurrir desde un respeto a la diversidad y en un marco de igualdad.

La necesidad de formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres nos convoca en lo personal, en lo profesional y en lo comunitario. Las/los mediadoras/es no estamos ajenos a esto.
En la mesa de mediación no trabajamos sólo con argumentos que describen la situación de conflicto sino con los pensamientos, creencias, prejuicios, estereotipos e identidades, tanto de los/las participantes de la mesa de diálogo como de nosotros/as los/las mediadores/as.

Siendo el compromiso asumido bregar por un marco de igualdad entre quienes participan, estamos convocados a elaborar y seleccionar las estrategias y herramientas que permitan nivelar la mesa de diálogo y erradicar la invisibilización y reproducción de desequilibrios de género.

En palabras de María Elena Caram: “Necesitamos un/a mediador/a que pueda comprender estos cambios sociales, comprender cada mundo en particular, trabajar con respeto y aceptar las pautas de otras configuraciones, por ejemplo familiares, quizás distintas de las nuestras. Las situaciones del siglo XXI requieren un/a mediador/a del siglo XXI”. (“Familias del Siglo XXI”. XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz. Bs. As., Argentina. 2018).

Las situaciones de vulneración de derechos nos demandan un deber de autocrítica y autoexamen constante en nuestras prácticas. Estamos llamados a repensarnos, ampliar la mirada y diseñar nuevas intervenciones desde un cambio de perspectiva. Que nuestro rol implique neutralidad e imparcialidad no significa que nos mantengamos ajenos/as a la realidad pero sí que mantengamos un compromiso social y estar alertas, cuidando de no atribuir estos significados propios a las expresiones de los participantes y evitando reproducir prejuicios y estereotipos que expanden el flagelo de la violencia de género.

El compromiso asumido como mediadores/as, en tanto facilitadores del diálogo en un espacio de igualdad, libertad, respeto y no discriminación, requiere de una capacitación continua en pos de la garantía de tales derechos y de la co-construcción de una convivencia social pacífica y democrática.

Provocar el reconocimiento, empoderamiento y legitimación del/a otro/a es una necesidad. Es nuestra labor mediar conversaciones en las cuales las personas puedan hablar y oírse, sin presiones ni desvalorizaciones, asumiendo el protagonismo y el manejo de sus decisiones en el marco de su autodeterminación.

Incluir la herramienta de los “anteojos violetas” en nuestras prácticas conforma un deber no sólo jurídico sino también ético y ciudadano. La llamada a incorporarlos está hecha.

(*) Mediadoras. Integrantes de Diálogos: Mediación y Derechos
(Publicado en Comercio y Justicia el 13/08/2020)